viernes, 20 de julio de 2012
sábado, 5 de mayo de 2012
jueves, 26 de abril de 2012
Estimados compañerxs de AIRE:
Queremos, todo el colectivo de trabajo de la Coopertiva Voces, solidarizarnos con uds. frente las declaraciones de los abogados Santiago y Ramón Azulay, y publicada en diario El Independiente.
En este sentido repudiamos las maniobras para desacreditar el trabajo y el compromiso de la organización AIRE en su lucha por la democratización de nuestro sistema político en general. Dicho trabajo se desarrolla con la sola intención política y ciudadana de mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones.
Creemos que la participación ciudadana es una actitud fundamental y necesaria en el ejercicio de nuestra ciudadanía como miembros de una sociedad democrática, por ello reivindicamos la organización del pueblo, la comunidad, en organizaciones políticas, partidarias, sociales-solidarias, o de fomento, religiosas, etc. y denunciamos que dicha participación u agrupamiento no desacredita en ninguna instancia el involucramiento de las mismas en las instituciones o el uso de herramientas y mecanismos jurídicos contenidos en nuestras leyes para mejorar de esta forma nuestra democracia.
Frente a todo esto, nos solidarizamos con los y las compañeros y compañeras de AIRE por su loable tarea cotidiana e invitamos a el resto de las organizaciones miembros de la Red de Participación Ciudadana a brindar nuestro apoyo conjunto y hacer público el mismo.
Saludos fraternos!!
viernes, 20 de abril de 2012
El petróleo en la encrucijada de la soberanía
El día Lunes, Cristina Fernández de Kirchner anunciaba por cadena
nacional la expropiación del 51% de Repsol-YPF, una de las empresas
transnacionales más grandes del mundo. A partir de este anuncio, una ley
está siendo enviada al Congreso de la Nación con el objeto de
establecer la compra de más de la mitad del paquete accionario de la
empresa, a un precio a establecer por una comisión del Gobierno (el
Tribunal de Tasaciones). A su vez, la presidente intervino por decreto a
YPF S.A., nombrando a Julio De Vido y Axel Kicillof como interventores.
La iniciativa del kirchnerismo constituye un quiebre con lo que fue la
privatización más traumática y humillante que sufriera la clase
trabajadora argentina. La maquinaria y tecnología de YPF fueron
destruidas o malvendidas en los últimos 20 años, gran parte de sus
técnicos expulsados de aquella gran YPF nacional que fue prácticamente
regalada al sector privado por una suma ridícula. La nueva medida del
gobierno pretende concentrar en el Estado el control de un recurso
estratégico para el país. Esto le otorgará al Ejecutivo la posibilidad,
que está por verse se realice, de encarar un plan de inversión que
revierta las décadas de saqueo que este mismo gobierno kirchnerista no
ha sino garantizado y profundizado hasta el presente en detrimento de la
soberanía nacional que ahora dice salir a defender.
Por la importancia estratégica que tiene el petróleo como recurso natural, la venta forzosa de dicha empresa implica un claro enfrentamiento del Gobierno con un sector del capital internacional. Hemos escuchado las reacciones en las declaraciones imperialistas del gobierno español, las amenazas del sector privado, los discursos de los medios hegemónicos españoles, las palabras neoliberales de Macri. Todos estos pronunciamientos del imperialismo deben ser rechazados por quienes militamos desde abajo y a la izquierda. Es nuestra responsabilidad marcar el cinismo del discurso de las principales potencias económicas, que mientras se ocupan de defender las ganancias de “sus” capitales aduciendo cuidar los intereses de sus naciones, avanzan en la implementación de ajuste y represión a su propio pueblo.
Con el caso de YPF- Repsol quedó claro que las empresas transnacionales no invierten en función de las necesidades de la Argentina en general, y mucho menos de la clase trabajadora del país. Sin embargo tampoco hay que perder de vista que la “burguesía nacional” que el Gobierno intenta crear, con su modelo de “capitalismo de amigos”, no es solución frente al capital extranjero. No debemos olvidar que el Grupo Petersen (Ezquenazi) no hizo sino acoplarse a la misma lógica productiva de Repsol desde su fraudulento ingreso (sin poner un solo peso, de la mano de los Kirchner) en el marco de la compaña electoral del año 2007.
Por la importancia estratégica que tiene el petróleo como recurso natural, la venta forzosa de dicha empresa implica un claro enfrentamiento del Gobierno con un sector del capital internacional. Hemos escuchado las reacciones en las declaraciones imperialistas del gobierno español, las amenazas del sector privado, los discursos de los medios hegemónicos españoles, las palabras neoliberales de Macri. Todos estos pronunciamientos del imperialismo deben ser rechazados por quienes militamos desde abajo y a la izquierda. Es nuestra responsabilidad marcar el cinismo del discurso de las principales potencias económicas, que mientras se ocupan de defender las ganancias de “sus” capitales aduciendo cuidar los intereses de sus naciones, avanzan en la implementación de ajuste y represión a su propio pueblo.
Con el caso de YPF- Repsol quedó claro que las empresas transnacionales no invierten en función de las necesidades de la Argentina en general, y mucho menos de la clase trabajadora del país. Sin embargo tampoco hay que perder de vista que la “burguesía nacional” que el Gobierno intenta crear, con su modelo de “capitalismo de amigos”, no es solución frente al capital extranjero. No debemos olvidar que el Grupo Petersen (Ezquenazi) no hizo sino acoplarse a la misma lógica productiva de Repsol desde su fraudulento ingreso (sin poner un solo peso, de la mano de los Kirchner) en el marco de la compaña electoral del año 2007.
Los problemas de la medida y la memoria petrolera
Es claro que el aumento de la soberanía nacional mediante la propiedad estatal de los recursos no renovables es una medida progresiva para el pueblo argentino. Sin embargo, la perspectiva de pago de una indemnización por parte del Gobierno debe denunciarse ni bien se evalúa la privatización fraudulenta, la falta de inversión y el giro de divisas al exterior por parte de las empresas que deshuesaron la nacional YPF, que saquearon al pueblo argentino, y que hoy pretenden desfachatadamente que se las compense. En este sentido, no hay que dejar de tener en cuenta que, según la Ley de Expropiación 21.499, la indemnización comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Según los cálculos de algunos periodistas esta suma podría ascender a los 10.400 millones de dólares. El dinero que desembolsará el Estado no tendrá otra fuente que los fondos de la ANSES o las reservas del Banco Central argentino. Debemos estar alertas y enfrentarnos a la posibilidad de otra estafa materializada a través de la inminente recompra de la compañía con fondos públicos a precios altos y haciéndose cargo de una gran carga de deuda privada. Esta situación podría dejar al Estado con pocos fondos y escasas posibilidades de realizar un plan de inversión que pueda rearmar al país frente a la siempre latente crisis energética, desvirtuando la razón por la cual se estaría recuperando el control de YPF.
También es necesario remarcar lo paradójica de esta medida si se tiene en cuenta el pasado de los Kirchner en Santa Cruz. Mediante una mínima búsqueda de archivo, es posible encontrar calurosos discursos de Néstor Kirchner saludando la visita de Carlos Menem a la Patagonia, mientras se impulsaba en su provincia la concesión a las petroleras extranjeras del suelo argentino. Es a partir de estas enormes ventajas otorgadas durante los ´90, y continuadas durante 9 años de gobiernos kirchneristas, que Repsol pudo, sólo en dos años, girar casi 14 mil millones de dólares en utilidades, en un proceso de desinversión de los pozos petroleros del país, distribuyendo el 90 % de esas ganancias. No olvidamos que los impulsores de la privatización de YPF ahora son quienes hacen bandera de su estatización parcial. Tampoco olvidamos que es el Gobierno quien ha permitido el vaciamiento de YPF, a manos de Repsol y el Grupo Petersen (Ezquenazi).
Es claro que el aumento de la soberanía nacional mediante la propiedad estatal de los recursos no renovables es una medida progresiva para el pueblo argentino. Sin embargo, la perspectiva de pago de una indemnización por parte del Gobierno debe denunciarse ni bien se evalúa la privatización fraudulenta, la falta de inversión y el giro de divisas al exterior por parte de las empresas que deshuesaron la nacional YPF, que saquearon al pueblo argentino, y que hoy pretenden desfachatadamente que se las compense. En este sentido, no hay que dejar de tener en cuenta que, según la Ley de Expropiación 21.499, la indemnización comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Según los cálculos de algunos periodistas esta suma podría ascender a los 10.400 millones de dólares. El dinero que desembolsará el Estado no tendrá otra fuente que los fondos de la ANSES o las reservas del Banco Central argentino. Debemos estar alertas y enfrentarnos a la posibilidad de otra estafa materializada a través de la inminente recompra de la compañía con fondos públicos a precios altos y haciéndose cargo de una gran carga de deuda privada. Esta situación podría dejar al Estado con pocos fondos y escasas posibilidades de realizar un plan de inversión que pueda rearmar al país frente a la siempre latente crisis energética, desvirtuando la razón por la cual se estaría recuperando el control de YPF.
También es necesario remarcar lo paradójica de esta medida si se tiene en cuenta el pasado de los Kirchner en Santa Cruz. Mediante una mínima búsqueda de archivo, es posible encontrar calurosos discursos de Néstor Kirchner saludando la visita de Carlos Menem a la Patagonia, mientras se impulsaba en su provincia la concesión a las petroleras extranjeras del suelo argentino. Es a partir de estas enormes ventajas otorgadas durante los ´90, y continuadas durante 9 años de gobiernos kirchneristas, que Repsol pudo, sólo en dos años, girar casi 14 mil millones de dólares en utilidades, en un proceso de desinversión de los pozos petroleros del país, distribuyendo el 90 % de esas ganancias. No olvidamos que los impulsores de la privatización de YPF ahora son quienes hacen bandera de su estatización parcial. Tampoco olvidamos que es el Gobierno quien ha permitido el vaciamiento de YPF, a manos de Repsol y el Grupo Petersen (Ezquenazi).
La cuestión ambiental
Con la puesta en agenda de la problemática de los recursos naturales, es buen momento para instalar una agenda americana energética. Un proyecto que se aleje de planes faraónicos como el gasoducto del Amazonas y que en cambio encare la búsqueda de una seria integración basada en intercambios menos dañinos para las balanzas comerciales, y que busquen economías de escala en la investigación conjunta sobre nuevas tecnologías y una soberanía energética que cuide nuestro medioambiente.
En este sentido es necesario señalar que gran parte de los yacimientos gasíferos que la nueva YPF podría explotar es de tipo “no convencional” (art.3 de la nueva normativa), lo cual implica un tipo de tecnología de extracción costosísima económicamente y altamente dañina para el ecosistema. Un nuevo modelo de sustentabilidad económica no puede desatender la sustentabilidad de la vida, del medio ambiente. La política del sector no debe ser únicamente “petrolera” o “gasífera”, sino contemplar la urgente necesidad de reformular la matriz energética del país. Es imperiosa la necesidad de incorporar otras formas de generar energía, renovables y con menor impacto ambiental, aprovechando la renta petrolera para la investigación. El desinterés de Repsol hacia la sustentabilidad de YPF como empresa también se manifestó en su desinterés por las cuestiones ambientales implicadas en la producción petrolera. Conociendo el conflicto con la megaminería y la posición mercantilista del gobierno a tal respecto, es de temer que la nueva administración tampoco velará por el cuidado ambiental de las zonas donde se realizan las exploraciones, sea en la Patagonia, en las yungas salteñas, en el mar. Sin prejuicio, pero sobre todo sin ingenuidad, debemos estar organizados para enfrentar futuros conflictos socio-ambientales que puedan producirse.
Con la puesta en agenda de la problemática de los recursos naturales, es buen momento para instalar una agenda americana energética. Un proyecto que se aleje de planes faraónicos como el gasoducto del Amazonas y que en cambio encare la búsqueda de una seria integración basada en intercambios menos dañinos para las balanzas comerciales, y que busquen economías de escala en la investigación conjunta sobre nuevas tecnologías y una soberanía energética que cuide nuestro medioambiente.
En este sentido es necesario señalar que gran parte de los yacimientos gasíferos que la nueva YPF podría explotar es de tipo “no convencional” (art.3 de la nueva normativa), lo cual implica un tipo de tecnología de extracción costosísima económicamente y altamente dañina para el ecosistema. Un nuevo modelo de sustentabilidad económica no puede desatender la sustentabilidad de la vida, del medio ambiente. La política del sector no debe ser únicamente “petrolera” o “gasífera”, sino contemplar la urgente necesidad de reformular la matriz energética del país. Es imperiosa la necesidad de incorporar otras formas de generar energía, renovables y con menor impacto ambiental, aprovechando la renta petrolera para la investigación. El desinterés de Repsol hacia la sustentabilidad de YPF como empresa también se manifestó en su desinterés por las cuestiones ambientales implicadas en la producción petrolera. Conociendo el conflicto con la megaminería y la posición mercantilista del gobierno a tal respecto, es de temer que la nueva administración tampoco velará por el cuidado ambiental de las zonas donde se realizan las exploraciones, sea en la Patagonia, en las yungas salteñas, en el mar. Sin prejuicio, pero sobre todo sin ingenuidad, debemos estar organizados para enfrentar futuros conflictos socio-ambientales que puedan producirse.
La encrucijada de la soberanía
La medida que impulsa el gobierno tampoco se enmarca en un modelo económico industrializador. En cambio, se da en el marco de la profundización actual del modelo económico extractivista en Argentina, que nos aleja de cualquier fantasía de un avance serio hacia la deseada “soberanía nacional”. Mientras algunos indicadores muestran que la tasa de reinversión de la industria nacional bajó, el déficit comercial de la industria sigue empeorando, hasta llegar a los 20.000 millones de dólares el año pasado.
El capitalismo argentino no se puede sanar con ningún tipo de capitalismo “serio”, basado en la propiedad estatal de las grandes empresas. Sin embargo, la centralización en el Estado del capital concentrado puede generar mejores condiciones para la lucha por el efectivo control de los trabajadores. A su vez, la mejora en la soberanía nacional que significa la expropiación de los recursos naturales de las manos extranjeras es valiosa, aunque existan problemas en cómo se realizará dicha transacción.
La encrucijada de la soberanía nacional no debe apartarnos de nuestro horizonte socialista, y para ello debemos exigir en principio el 100% de estatización frente al mantenimiento de la participación del estafador grupo Petersen y la participación privada en la bolsa, pues así se mantiene la injerencia privada en la producción local de bienes de importancia estratégica. En esta compleja encrucijada no debemos olvidar que no hay verdadera soberanía hasta que ella sea encarnada por aquellos y aquellas que vivimos de nuestro trabajo frente a los que viven de su explotación. Sólo una alternativa de las y los de abajo podrá llevarnos al cambio social de raíz que buscamos.
La medida que impulsa el gobierno tampoco se enmarca en un modelo económico industrializador. En cambio, se da en el marco de la profundización actual del modelo económico extractivista en Argentina, que nos aleja de cualquier fantasía de un avance serio hacia la deseada “soberanía nacional”. Mientras algunos indicadores muestran que la tasa de reinversión de la industria nacional bajó, el déficit comercial de la industria sigue empeorando, hasta llegar a los 20.000 millones de dólares el año pasado.
El capitalismo argentino no se puede sanar con ningún tipo de capitalismo “serio”, basado en la propiedad estatal de las grandes empresas. Sin embargo, la centralización en el Estado del capital concentrado puede generar mejores condiciones para la lucha por el efectivo control de los trabajadores. A su vez, la mejora en la soberanía nacional que significa la expropiación de los recursos naturales de las manos extranjeras es valiosa, aunque existan problemas en cómo se realizará dicha transacción.
La encrucijada de la soberanía nacional no debe apartarnos de nuestro horizonte socialista, y para ello debemos exigir en principio el 100% de estatización frente al mantenimiento de la participación del estafador grupo Petersen y la participación privada en la bolsa, pues así se mantiene la injerencia privada en la producción local de bienes de importancia estratégica. En esta compleja encrucijada no debemos olvidar que no hay verdadera soberanía hasta que ella sea encarnada por aquellos y aquellas que vivimos de nuestro trabajo frente a los que viven de su explotación. Sólo una alternativa de las y los de abajo podrá llevarnos al cambio social de raíz que buscamos.
Corriente de Organizaciones de Base COB-La Brecha
(Frente de Organizaciones en Lucha – FOL
(Bs. As., Capital Federal, Jujuy), Movimiento Cultural Hagamos Lo
Imposible (HLI. Bs. As.), CAUCE – UBA (Corriente Antiburocrática
Universitaria Contra la Explotación), CAUCE – UNLP (Corriente de
Agrupaciones Universitarias Contra la Explotación), Colectivo de
Abogados Populares La Ciega (La Plata), El Galpón de Tolosa (La Plata)
Organización Popular, Rebelde Villa Hidalgo (Bs. As.), EPE (UNLa).
Neuquén: Frente por la Resistencia (FxR); Agrupación Universitaria La
Cárcava; Cooperativa de Trabajo Cae Babylon; Sin Cautivas Feministas por la Resistencia)
jueves, 19 de abril de 2012
Agua Rica: Denuncias, contradicciones, silencio, contaminación y en el medio: UN PUEBLO
Luego de una investigación exclusiva de CATAMARCA ES NOTICIA, se confirmó la realización de trabajos de exploración en el Yacimiento de Agua Rica. Denuncias penales, contradicciones y un pueblo que lucha por los efectos devastadores que provoca la minería a cielo abierto. Por su parte el Gobierno niega que se hayan autorizado perforaciones.
La denuncia penal que realizó el Dr. Humberto Galíndez, terminó por desnudar un encubrimiento que aparentemente data de hace varios meses atrás: Empresas multinacionales interesadas en la explotación del yacimiento, están realizando trabajos de exploración y perforación en Andalgalá.
Según detalla la denuncia realizada por Galíndez, miembros de la Secretaría de Minería de la provincia, autorizaron a una empresa a realizar trabajos, sin que se haya cumplido con los requisitos legales y formales para la apertura de dicho emprendimiento. En la denuncia presentada, figuran los nombres de Rodolfo Micone (secretario de Minería) y Olga Regalado (directora de Gestión Ambiental Minera) quienes habrían habilitado el inicio de actividades exploratorias y perforadoras en Andalgalá.
Según manifiesta Galíndez, ambos funcionarios "insisten con este proyecto minero que es fulminante para el medio ambiente y para la vida" y aseguró "vamos derecho a la desaparición".
Por otra parte, uno de los ejes centrales de la investigación de CATAMARCA ES NOTICIA gira en torno a la postura que adoptó el Juzgado de Minas, actualmente a cargo del Dr. Raúl Guillermo Cerda, quien tiempo atrás se pronunció respecto al conflicto por la explotación minera en el Oeste provincial. Por aquel entonces Cerda declaraba que “la mejor manera para resolver los antagonismos seria poner el tema a consideraron de la ciudadanía a través de una Consulta Popular”.
Palabras más o palabras menos, el Juez de Minas manifestó una disposición que, según los últimos trascendidos, jamás se llevo a la práctica y dado la repercusión que ha provocado la noticia desde el Juzgado de Minas y la Secretaria de Minería se llamaron a silencio. Por estos días es imposible un contacto (al menos telefónico) con sus máximos representantes. Dicen por ahí “el que calla otorga” o “cuando el rió suena, agua trae” y al parecer la filtración de la información en los medios a generado un revuelo tal que nadie quiere dar la cara ¿O acaso es tan difícil desmentir esta versión?
Ante la falta de respuestas oficiales, quienes confirmaron los trabajos de exploración son los vecinos de la Perla del Oeste. “Es una tragedia que tiene nombres y apellidos: el juez de Minas el gobierno de la provincia y los funcionarios que miran a otro lado” manifestó Roberto Cecenarro, vecino de Andalgala. Al mismo tiempo advirtió sobre los efectos devastadores que puede generar la instalación de Agua Rica.
La realidad de los andalgalenses por estos días: dos piletones gigantes que propician de decantadores previos a la planta potabilizadora de La Aguada , de unos 150 a 180 metros de largo y que están totalmente colmatados por las labores del cerro. Hecho que ve seriamente comprometida el agua potable de la zona. Y además preocupa la utilización de sulfato de arsénico principal disparador de enfermedades terminales como el cáncer y en todo ese material se está revolviendo con los riesgos que ello implica.
Por ultimo Cecenarro dijo que tiene pruebas concretas de “las mentiras sistemáticas del juez de Minas, Guillermo Cerda, porque todo lo hace a escondidas”.
Como se sabe en febrero de 2010, Cerda suspendió todo tipo de trabajos a la mina por los incidentes con ambientalistas y la policía en Andalgalá, pero luego autorizó la realización de algunos trabajos de mantenimiento.
“Lo del juez es muy contradictorio a pesar de haber lanzando la medida cautelar, luego en una resolución judicial del 28 de diciembre en base a una presentación del abogado de Agua Rica, autoriza la realización de trabajos de mantenimiento y Micone se excede de lo que autorizó", dijo el abogado Humberto Galíndez al aclarar que no se han tomado ciertos recaudos y a esto se debe el cambio de color en el agua potable que consumen los habitantes andalgalenses.
FUENTE: CATAMARCA ES NOTICIA
Se inició en Tucumán el Parlamento de los Pueblos
AMBIENTAL| JORNADAS DE ANÁLISIS Y DEBATE
ImageEste jueves 19 de abril pasadas las 11.30 se dió inicio al encuentro que busca avanzar en la coordinación multisectorial contra la megaminería. Más de 20 organizaciones sociales, políticas y asambleas ambientales debaten desde hoy y hasta mañana viernes 20 de abril en donde realizarán una movilización hacie el parlamento de legisladores del NOA en donde presentarán sus conclusiones.
Audio: Jair Cecenarro - Movimiento 15 de febrero (Andalgalá Catamarca)
http://archive.org/details/JairCecenarroParlamentoDeLosPueblos
SE REUNIÓ COMISIÓN PARLAMENTARIA
En Famatina –que celebra su 420 aniversario- se reunió una comisión parlamentaria integrada por los senadores nacionales Eugenio “Nito” Artaza y Rubén Giustiniani, los diputados nacionales Juan Casañas, Lucio Bernardo Aspiazu, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, el diputado provincial Juan Amado y el intendente Ismael Bordagaray. La misma se encuentra en el salón del gremio SOEMFA, a metros de la plaza principal, y más de 400 habitantes del departamento.
Tras un importante desfile que reunió a casi toda la población del departamento Famatina -que cumple 420 años-, se dieron importantes presencias en esta localidad. Luego, mientras se desarrollaban una serie de presentaciones artísticas, en el salón del gremio SOEMFA se reunieron integrada por los senadores nacionales Eugenio “Nito” Artaza y Rubén Giustiniani, los diputados nacionales Juan Casañas, Lucio Bernardo Aspiazu, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, el diputado provincial Juan Amado y el intendente Ismael Bordagaray. La senadora nacional Teresita Luna estuvo presente durante el desfile, pero se retiró antes de que se reúna la comisión parlamentaria.
Más de 400 personas estuvieron presentes en el salón, donde se sucedieron en la palabra la docente Carolina Suffich, el sacerdote Omar Quintero, el profesor César Ríos, entre otros. Las presentaciones realizadas versaron sobre la historia de la lucha en contra de la megaminería, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la licencia social obligatoria para las explotaciones mineras, las riquezas naturales y culturales del Valle del Famatina.
Mientras, en la ciudad de La Rioja, la Cámara de Diputados de la provincia no sesionó, debido a que 10 legisladores se encontraban en la ciudad de Tucumán, en el Parlamento del NOA, y muchos se ausentaron. En la sesión de este jueves estaba previsto que ingrese por correspondencia un informe de la Municipalidad de Famatina, elaborado por el equipo del intendente Ismael Bordagaray, explicando la situación política, económica y social del departamento, y un proyecto de Minuta de Comunicación del diputado Juan Amado, solicitando la derogación del Decreto 2.255 del 7 de diciembre de 1988, conocido como Decreto Cavero, donde se ordena descontar los salarios de los empleados los días donde hayan realizado medidas de fuerza.-
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